Las familias de los muertos durante las protestas en Perú recibirán el equivalente a 10.4 millones de pesos chilenos por parte del Estado, un monto que no constituye una "compensación" de acuerdo con el gobierno, por cuanto no exime de responsabilidades que se puedan determinar durante las indagatorias.
El Gobierno de Perú entregará 50.000 soles (13.000 dólares, 10.5 millones de pesos chilenos) a los parientes de cada uno de los fallecidos durante las protestas antigubernamentales que comenzaron en diciembre pasado, según recoge un decreto de emergencia que fue publicado en el diario oficial El Peruano.
“Se autoriza al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a entregar, por única vez, el monto de 50.000 soles, por concepto de apoyo económico por cada persona fallecida en las movilizaciones indicadas en el artículo 1, monto que será distribuido entre los deudos identificados por la Comisión Multisectorial”, especificó el decreto publicado el martes, pero difundido este miércoles.
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Además, también por única vez, la misma cartera otorgará 25.000 soles (6.500 dólares) a cada persona herida de gravedad identificada por dicha comisión.
Detalla que corresponde a la Comisión Multisectorial determinar los criterios “para identificar a las personas heridas de gravedad que serán beneficiarias del apoyo económico” y que, para este fin, se da un plazo máximo de cinco días hábiles, contado desde el día siguiente de la publicación de la norma.
El decreto, firmado por la presidenta Dina Boluarte, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, así como los ministros de Justicia, José Tello, y de Economía, Alex Contreras, abarca las protestas vividas entre el 8 de diciembre de 2022 y 10 de febrero de 2023.
“El apoyo económico corresponde a una subvención que no tiene naturaleza resarcitoria ni reparatoria. Este beneficio no tiene implicancia en la determinación de eventuales responsabilidades administrativas, civiles y/o penales”, añade el decreto.
Este agrega que, en el marco del trabajo realizado por la Comisión Multisectorial, “se ha identificado la situación de vulnerabilidad socioeconómica en la que se encuentran las familias de las personas fallecidas, así como el grado de afectación de las personas heridas de gravedad durante las movilizaciones”.
Y que, por tanto, “resulta necesario establecer medidas extraordinarias y urgentes, en materia económica y financiera, destinadas a brindar, de manera excepcional”.
También nombra al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como responsable del cumplimiento de la norma, así como de dar cuenta periódicamente al Consejo de Ministros sobre su implementación.
En cuanto al financiamiento de estos apoyos económicos, este se encuentra a cargo del presupuesto institucional del Año Fiscal 2023 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
Mediante una resolución suprema publicada el 31 de diciembre de 2022, se creó esta Comisión Multisectorial de naturaleza temporal para hacer seguimiento a las acciones y medidas destinadas a atender a los deudos de las personas fallecidas, además de las personas que sufrieron lesiones de gravedad.
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